Gobierno panameño persigue a autoridades indígenas por oponerse a Ley 462
El arresto de las líderes indígenas ha sido calificada como arbitraria y una clara vulneración de los derechos de los pueblos originarios.
La comunidad indígena denuncia que el Gobierno actual desconoce las estructuras tradicionales y actúa en contra de sus derechos. Foto: La Estrella de Panamá.
29 de mayo de 2025 Hora: 14:18
Dos mujeres caciques de la comunidad indígena de Arimae, en la provincia panameña de Darién, fueron detenidas este jueves por las autoridades de la nación centroamericana, como parte de una política sistemática de persecución contra líderes que se oponen públicamente a las decisiones del Gobierno de José Mulino.
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La aprehensión ha sido calificada como arbitraria y una clara vulneración de los derechos de los pueblos originarios.
Una de las líderes arrestadas declaró que está siendo objeto de represalias por parte del Gobierno debido a su oposición a la Ley 462, normativa que atenta contra los derechos de los trabajadores y del pueblo panameño.
Los caciques de Tierras Colectivas representan a numerosos pueblos Embera y Wounaan cuyas tierras, aunque se encuentran fuera de la Comarca, gozan de reconocimiento legal mediante la Ley de Tierras Colectivas.
Estas comunidades se ubican a lo largo del río Jaqué, cerca de Juradó, y en zonas aledañas al río Tuira y la carretera Interamericana. En sus territorios, las autoridades indígenas —al igual que el Noko de la Comarca Emberá Wounaan— son legítimas y reconocidas por la legislación panameña.
Sin embargo, los líderes denuncian que el Gobierno actual desconoce estas estructuras tradicionales y actúa en contra de las comunidades indígenas, bajo amenaza de privación de libertad. En tanto, dirige sus acciones contra autoridades legítimas del pueblo Embera y Wounaan.
El cacique general del Congreso de Tierra Colectiva, Gabriel Menguisama, condenó los arrestos, calificándolos como un intento de criminalizar la defensa del territorio indígena. «Los tratan como si fueran delincuentes comunes. Creemos que es una violación de los derechos humanos. Hay leyes nacionales e internacionales que claramente prohíben lo que ha ocurrido hoy», afirmó.
El dirigente también advirtió que las comunidades no permanecerán en silencio ante esta situación y que continuarán firmes en la lucha contra la Ley 462, a la que calificó como “nefasta”. “Lo que estamos haciendo es por la nación entera, no solo por una comunidad indígena. Apoyaremos a nuestros líderes hasta las últimas consecuencias”, concluyó.
Autor: teleSUR - idg - BCB
Fuente: teleSUR