«Las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos para hacer y lavar en la impunidad sus negocios ocultos», sostuvo el presidente de Colombia en su cuenta de X.
El Gobierno colombiano alertó sobre los riesgos de instrumentalizar los mecanismos de cooperación judicial internacional con fines políticos
Foto: EFE
3 de junio de 2025 Hora: 11:17
El presidente Gustavo Petro acusó públicamente a la Fiscalía de Guatemala de actuar en favor del crimen organizado, luego de que el órgano guatemalteca emitiera ordenes de captura contra el embajador colombiano ante la Santa Sede, Iván Velásquez, y la fiscal general de Colombia Luz Adriana Camargo.
En una declaración publicada en su cuenta de X donde comparte el rechazo del propio Gobierno de Guatemala, el mandatario colombiano comparó la situación con la persecución judicial que él mismo denunció haber sufrido bajo la istración del exfiscal general Francisco Barbosa, así como con la destitución del expresidente peruano Pedro Castillo.
La fiscalía de Guatemala cono la fiscalía de Colombia en tiempos de Barbosa, como la fiscalía que apresó al presidente Pedro Castillo, y otras, obedecen al crimen y no a las ciudadanías.
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“La Fiscalía de Guatemala, como la Fiscalía de Colombia en tiempos de Barbosa, como la Fiscalía que apresó al presidente Pedro Castillo, y otras, obedecen al crimen y no a las ciudadanías”, escribió Petro.
«Los crímenes cometidos por las mafias contra el pueblo latinoamericano son de lesa humanidad, son internacionales y deben ser juzgados por la justicia penal internacional a la que se debe ayudar a financiar y fortalecer«, señaló.
En el comunicado compartido por Petro, el Ejecutivo de Guatemala señala que «rechaza enfáticamente» las órdenes de captura y califica la decisión como un «irresponsable y espurio acto del Ministerio Público».
Ademas, señalan que las medidas definidas por el fiscal Rafael Curruchiche «carecen de sustento legal y vulneran el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala» y señala que «estas acciones se realizan con un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional».
La manifestación del mandatario colombiano llega luego de que el Gobierno de Colombia expresase su profunda preocupación y «enérgico rechazo» a la decisión de Curruchiche.
En un comunicado oficial, la Cancillería colombiana calificó la medida como carente de sustento jurídico y violatoria de principios fundamentales del derecho internacional y los derechos humanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores denunció que se trata de una “grave desviación de los estándares del derecho internacional” y advirtió sobre los riesgos de instrumentalizar los mecanismos de cooperación judicial internacional.
“Esta medida no solo representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, sino que también vulnera derechos humanos fundamentales”, señala el comunicado.
????El Gobierno de Colombia, a través de la @CancilleriaCol, expresa su profunda preocupación y enérgico rechazo ante la orden de captura emitida por la Fiscalía de Guatemala contra Iván Velásquez, embajador designado ante la Santa Sede, y Luz Adriana Camargo, fiscal general de la… pic.twitter.com/CHwSZDPtXt
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Por otro lado, la Fiscalía guatemalteca también habría solicitado la emisión de una alerta roja de Interpol, lo que intensifica una controversia que amenaza con tensar las ya frágiles relaciones bilaterales entre ambos países. Sin embargo, la Organización Internacional de Policía Criminal ha desestimado esa solicitud. “El jefe de Interpol confirma que no hay ni habrá circular roja contra los colombianos”, anunció el periodista Julio Sánchez Cristo, citaron medios oficiales colombianos .
Según fuentes diplomáticas, la medida podría ser interpretada como una represalia contra el papel desempeñado por Velásquez como excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), instancia respaldada por la ONU que lideró investigaciones clave sobre corrupción antes de ser disuelta en 2019.
“La utilización de mecanismos de cooperación judicial internacional exige una base probatoria sólida y procedimientos transparentes, condiciones que claramente no se cumplen en este caso”, enfatizó la Cancillería.
Ante lo que califica como una instrumentalización preocupante de la justicia internacional con fines políticos, el Gobierno colombiano llamó a la comunidad internacional a rechazar este tipo de acciones y a velar por que prevalezca el espíritu de legalidad y cooperación entre Estados.
“Colombia confía en que la comunidad internacional sabrá reconocer esta actuación como parte de una preocupante instrumentalización de los mecanismos judiciales internacionales, contraria al espíritu de legalidad, cooperación y justicia que debe prevalecer en las relaciones entre Estados”, concluye el pronunciamiento.
