La istración Trump protagoniza una batalla legal sin precedentes contra California tras desplegar tropas federales en Los Ángeles para respaldar las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este jueves, un tribunal federal de San Francisco es escenario de una audiencia que definirá los límites del poder presidencial frente a la autonomía estatal.

El gobernador demócrata Gavin Newsom presentó una demanda urgente el lunes pasado contra la decisión presidencial que incluye la federalización de hasta 4.000 efectivos de la Guardia Nacional de California y el envío de 700 marines a la región angelina. La Casa Blanca justifica esta medida como protección necesaria para las operaciones federales ante las protestas ciudadanas.

Marines armados en redadas del ICE

Las tropas militares han intensificado su participación en las controvertidas operaciones migratorias. Mientras los guardias nacionales mantienen vigilancia en edificios federales del centro de Los Ángeles, algunos efectivos armados comenzaron a acompañar directamente a los agentes del ICE durante las redadas laborales que desataron manifestaciones masivas en la región.

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Los marines, por su parte, continúan preparándose para su despliegue operativo en el área metropolitana, según confirman fuentes oficiales. Esta escalada militar marca un punto de inflexión en la política migratoria estadounidense y genera tensiones constitucionales entre el gobierno federal y el estado más poblado del país.

El estado californiano solicita una orden de restricción temporal que limite las funciones militares exclusivamente a la vigilancia de instalaciones federales, prohibiendo cualquier participación en actividades policiales. Esta medida impediría que las tropas acompañen a los agentes del ICE en las redadas laborales que han provocado protestas comunitarias.

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Newsom argumenta que el despliegue militar resulta innecesario e inflama una situación que las fuerzas locales pueden controlar efectivamente. El gobernador asegura estar dispuesto a activar la Guardia Nacional estatal si requiere refuerzos adicionales, manteniendo así el control jurisdiccional correspondiente.

Confrontación constitucional en tribunales

La demanda californiana acusa a la istración Trump de violar la legislación federal al obviar la autoridad del gobernador para federalizar la guardia estatal. Además, denuncia la obstaculización de los derechos estatales protegidos por la Décima Enmienda constitucional.

El Departamento de Justicia contraataca argumentando que el secretario de Defensa Pete Hegseth no requiere consentimiento estatal para activar las tropas federales. Washington sostiene que Trump posee autoridad constitucional inherente para utilizar fuerzas militares en la protección de agentes federales y operaciones de aplicación legal.

La audiencia judicial, programada para las 13:30 hora del Pacífico en San Francisco, definirá un precedente crucial sobre los límites del poder presidencial en territorio estatal. El resultado impactará directamente las futuras operaciones migratorias y la relación entre autoridades federales y estatales en Estados Unidos.

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